Una controversia por daños, precios, utilidades, competencia económica o condiciones de mercado no se resuelve con una cifra aislada. Un perito en economía para juicio aporta una opinión técnica sustentada en información verificable, metodología explícita y razonamientos que pueden ser examinados por las partes y valorados por la autoridad.
La intervención pericial tiene una función concreta: traducir hechos económicos complejos a conclusiones claras, pertinentes y defendibles dentro de un expediente. Esto exige conocimientos de economía aplicada, comprensión del objeto de la litis y disciplina en el manejo de la evidencia. Una afirmación financieramente plausible no basta si no responde a los puntos periciales ni puede reproducirse a partir de las fuentes entregadas.
Qué hace un perito en economía para juicio
El perito analiza un problema económico delimitado por la controversia y emite un dictamen. Su trabajo no sustituye la argumentación jurídica del abogado ni decide el asunto. Aporta elementos técnicos para que la autoridad comprenda, por ejemplo, cómo se estimó un daño, cuál era el comportamiento esperable de un mercado o qué efecto tuvo una conducta determinada sobre precios, ingresos, costos o competencia.
La materia puede abarcar cuantificación de daños y perjuicios, lucro cesante, actualización de montos, valoración económica de contratos, análisis de rentabilidad, cálculo de intereses, evaluación de mercados relevantes, poder de mercado, discriminación de precios o efectos de prácticas comerciales. En asuntos corporativos también puede ser necesario revisar flujos, estructura de costos, proyecciones, participación de mercado y supuestos de crecimiento.
El alcance depende de la pregunta planteada. No es lo mismo cuantificar el perjuicio derivado de un incumplimiento contractual que evaluar si un cambio tarifario produjo un efecto económico identificable. Cada encargo requiere fuentes, horizonte temporal, variables y métodos distintos. Pretender usar una misma fórmula para todos los litigios suele producir dictámenes vulnerables.
Cuándo conviene designar a un perito
La decisión debe tomarse antes de que la prueba pericial se vuelva urgente. Si el caso descansa en documentos contables, bases de datos, reportes sectoriales, contratos con componentes económicos o información de mercado, conviene revisar desde el inicio si esos elementos requieren interpretación especializada.
Es particularmente recomendable cuando una parte reclama una cantidad cuyo cálculo no resulta directo; cuando existen proyecciones de ingresos futuros; cuando se discute la razonabilidad de precios, tarifas o márgenes; o cuando la contraparte presenta un análisis económico que debe revisarse técnicamente. También es pertinente en controversias de competencia económica y telecomunicaciones, donde la regulación sectorial y la dinámica del mercado pueden modificar de manera sustantiva el análisis.
La oportunidad procesal importa. Cada procedimiento establece reglas sobre ofrecimiento, admisión, designación, aceptación del cargo, presentación del dictamen, aclaraciones y ratificación. El abogado debe verificar los requisitos aplicables ante la autoridad competente. El perito, por su parte, debe recibir instrucciones y documentación con tiempo suficiente para realizar un examen independiente, no una revisión apresurada orientada a confirmar una cifra previamente elegida.
La pregunta pericial define la utilidad del dictamen
Un dictamen sólido comienza con puntos periciales precisos. Preguntas ambiguas como “determine los daños causados” dejan demasiados supuestos abiertos y facilitan objeciones. Es preferible identificar el periodo analizado, el hecho económico a evaluar, las variables relevantes y el tipo de resultado solicitado.
Por ejemplo, puede requerirse determinar la diferencia entre los ingresos efectivamente obtenidos y los que razonablemente se habrían generado sin una conducta específica. Aun en ese caso, el perito deberá definir un escenario contrafactual, justificar los comparables utilizados, explicar las fuentes de información y señalar los límites de la estimación.
La precisión no significa redactar preguntas que conduzcan la respuesta. El perito debe conservar independencia técnica. Su obligación es explicar qué muestran los datos y hasta dónde permiten llegar, incluso si la conclusión no coincide por completo con la expectativa de quien lo propone. Esa independencia fortalece la credibilidad del dictamen frente a la autoridad.
Información suficiente, trazable y pertinente
La calidad del resultado depende de los insumos. Estados financieros, facturas, contratos, comunicaciones, reportes de ventas, estudios de mercado, datos regulatorios y series estadísticas pueden ser relevantes, pero deben corresponder al periodo y a la cuestión controvertida. Una base extensa no necesariamente es una base útil.
El perito debe identificar el origen de cada dato, los criterios de depuración y las limitaciones de la información. Si faltan registros o existen inconsistencias, no corresponde ocultarlas. Deben exponerse y, cuando sea técnicamente válido, evaluarse escenarios alternativos. Esta transparencia permite distinguir una conclusión fundada de una estimación especulativa.
En litigios con documentos en otro idioma, la traducción debe conservar cifras, unidades, definiciones contractuales y terminología técnica. Una traducción no certificada o imprecisa puede alterar el sentido de una cláusula, una metodología o una variable económica. Cuando la documentación debe surtir efectos oficiales, la intervención de un perito traductor certificado evita que el componente lingüístico se convierta en un problema adicional de prueba.
Metodología: claridad antes que complejidad
Un método sofisticado no es automáticamente mejor. La metodología apropiada es aquella que responde a la pregunta pericial, se ajusta a los datos disponibles y puede explicarse con claridad. Según el caso, puede ser necesario recurrir a comparaciones antes y después de un hecho, análisis de empresas comparables, flujos descontados, modelos econométricos, índices de precios o cálculos financieros convencionales.
Cada opción implica condiciones. Un modelo de proyección puede ser razonable si existen antecedentes históricos confiables y supuestos documentados; será débil si descansa en expectativas comerciales sin respaldo. Un comparable de mercado puede ser útil cuando existen empresas o transacciones realmente semejantes; deja de serlo si las diferencias de producto, territorio, regulación o escala no se corrigen adecuadamente.
El dictamen debe describir el método, las fórmulas relevantes, la selección de variables, las fuentes consultadas y el razonamiento que conecta los datos con la conclusión. También debe explicar por qué se descartaron alternativas que pudieran parecer viables. La autoridad no necesita recibir una acumulación de tecnicismos, sino una opinión que pueda seguirse y contrastarse.
Revisión del dictamen de la contraparte
Cuando ya existe una pericial presentada por la contraparte, el análisis no debe limitarse a afirmar que sus resultados son incorrectos. Es necesario identificar el punto técnico de desacuerdo: datos incompletos, periodo mal seleccionado, supuestos inconsistentes, doble contabilización, uso inadecuado de tasas, comparables no equivalentes o conclusiones que exceden la información disponible.
Una crítica útil muestra el efecto del error. Si un supuesto modifica la cuantificación, debe explicarse cuánto y por qué. Si la metodología no permite inferir causalidad, debe indicarse qué variable o evidencia falta. Las objeciones genéricas suelen tener menor utilidad que una revisión que permita a la autoridad comprender la diferencia entre ambos enfoques.
En algunos asuntos, las conclusiones de los peritos pueden ser cercanas y la discrepancia reside en una premisa concreta. En otros, el desacuerdo es estructural: una parte estima daños con una proyección y otra sostiene que no existe base suficiente para proyectarlos. Distinguir ambos escenarios ayuda a concentrar el debate probatorio y evita gastar tiempo en discusiones secundarias.
Ratificación y explicación ante la autoridad
La presentación escrita no siempre concluye la labor pericial. Puede ser necesaria la ratificación, la respuesta a aclaraciones o la explicación de conceptos técnicos durante una diligencia. Por ello, el dictamen debe ser consistente con los papeles de trabajo y con la documentación examinada.
El perito debe explicar su opinión con precisión, sin simplificar hasta deformar el análisis ni responder cuestiones ajenas a su especialidad. La preparación para esta etapa incluye revisar los soportes documentales, verificar cálculos y anticipar preguntas razonables sobre fuentes, supuestos y límites. La seguridad profesional no proviene de afirmar certezas absolutas, sino de poder sostener cada conclusión dentro de su alcance técnico.
Daniel Santillanes presta servicios periciales en economía, telecomunicaciones y competencia económica, con atención a la documentación técnica y a las exigencias formales propias de procedimientos judiciales y oficiales en México. El objetivo es entregar una opinión profesional útil para el expediente, con trazabilidad metodológica y comunicación clara para abogados, empresas y autoridades.
Antes de ofrecer una prueba pericial, conviene definir el problema económico, revisar la información disponible y establecer con exactitud qué debe demostrar el dictamen. Esa preparación reduce retrasos, evita cálculos improcedentes y permite que el trabajo del perito responda al punto que realmente puede influir en el juicio.